SAN JOSÉ, Costa Rica (EFE).-República Dominicana se sentará en el
banquillo de los acusados el miércoles y jueves de esta semana para
responder por la acusación de que sus soldados “masacraron” a seis
haitianos y a un dominicano en el municipio de Guayubín, en la
provincia de Montecristi, en el año 2000.
Según la CIDH, el caso se enmarca en un contexto de “discriminación
estructural” en contra de haitianos o personas de origen haitiano por
parte de agentes dominicanos.
Los jueces de la CIDH efectuarán la audiencia por el caso conocido
como "Nadege Dorzema contra República Dominicana" o "La masacre de
Guayubín", el cual se refiere al presunto asesinato a tiros de seis
haitianos y un dominicano en la frontera con Haití, a manos de agentes
estatales dominicanos.
Según la demanda de la CIDH, presentada ante la Corte en
febrero de 2011, miembros del Ejército dominicano dispararon contra un
vehículo que transportaba a un grupo de haitianos.
Los hechos fueron juzgados por la justicia militar, aunque los
familiares de las víctimas solicitaron que el caso fuera sometido a la
jurisdicción ordinaria.
Tras varios años de proceso, la justicia militar absolvió a los militares involucrados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inició este
lunes, 18 de junio, en su sede en Costa Rica su período ordinario de
sesiones número 95, en el que efectuará audiencias por dos casos de
masacres en Guatemala y la República Dominicana y uno relacionado con un
accidente de tránsito en Argentina.
El periodo de sesiones concluirá el próximo día 29 y en su desarrollo
la Corte realizará diversas actividades, la mayoría privadas, y tres
audiencias públicas por casos contra Guatemala, República Dominicana y
Argentina.
Los jueces comenzarán mañana una audiencia de dos días por el caso
conocido como "Masacres de Río Negro contra Guatemala" y escucharán los
testimonios de los supervivientes Jesús Tecú Osorio y Carlos Chen
Osorio, así como de algunos peritos.
Este caso se relaciona con la destrucción de la comunidad maya de Río
Negro, así comola persecución y eliminación de sus miembros, mediante
una serie de masacres ejecutadas por el Ejército y miembros de las
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en los años 1980 y 1982.
Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), presentada ante la CorteIDH en noviembre de 2010, las masacres
se ejecutaron dentro de una política de "tierra arrasada" dirigida por
el Estado guatemalteco contra el pueblo maya y constituyen genocidio.
De acuerdo con la denuncia, el pueblo maya era calificado para la
época como "enemigo interno" en un contexto de discriminación y racismo,
en violación de los derechos humanos fundamentales.
La CIDH afirma que fueron ejecutadas más de 500 personas, muchas
desaparecieron, hubo violaciones sexuales contra mujeres y niños fueron
sometidos a esclavitud por miembros de las PAC, y los supervivientes
fueron víctimas de desplazamiento.
La CIDH asegura que el Estado no ha investigado efectivamente los
hechos, no ha castigado a los responsables, no ha identificado
plenamente los restos de las personas ejecutadas, ni ha encontrado el
paradero de las desaparecidas.
La otra audiencia pública que celebrará la CorteIDH se realizará
entre mañana y el miércoles y es por el caso llamado "Mohamed contra
Argentina".
Este se relaciona con irregularidades en el procesamiento y la
condena penal impuesta a Oscar Alberto Mohamed por el delito de
homicidio culposo como consecuencia de un accidente de tránsito que tuvo
lugar el 16 de marzo de 1992. EFE
Fuente: acento.com.do
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