Los cuatro jóvenes que dependen de la peluquería, explican que fue un negocio montado a base de préstamos, los cuales hoy no saben cómo pagarán ante la disminución del flujo de clientes.
Esta situación la atribuyen a que la gente, al igual que ellos, piensan que en cualquier momento podrían ser víctimas de alguna represalia por la exfiscal o los agentes que hoy están bajo investigación a raíz de que se viralizara el vídeo tomado por sus cámaras.
Todo empezó el pasado viernes 2 de agosto. La situación trascurría como de costumbre, cuando a las nueve de la noche, un grupo de agentes de la DNCD acompañados de la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña, arribaron desde el municipio cabecera de Monte Cristi, hacia el municipio Villa Vásquez, a bordo de dos carros Hiunday modelo Sonata color blanco, uno de ellos sin placa, vehículo con el que opera la dotación de la agencia antidrogas en la provincia.
La fiscalizadora operaba desde una pequeña oficina del Ministerio Público ubicada en el Palacio de la Policía Nacional de Monte Cristi, donde también opera la DNCD, más otro local que esa institución tiene próximo al Palacio de Justicia de esa jurisdicción.
En la semana que ocurrió el allanamiento, Núñez Peña estaba de turno. Podía actuar en los seis municipios de la provincia, según se requiriera.
Los jóvenes agradecieron todo el apoyo que han recibido de quienes se han solidarizado con ellos a raíz del escándalo; sin embargo, añoran que algún día su negocio pueda volver a la normalidad. No descartaron someter por daños y perjuicios a la exfiscal, puesto que aseguran que su vida ha cambiado después de la situación, tanto a nivel moral como económico.
Mientras un equipo de Listín Diario recorría la zona, las denuncias llovieron sobre la práctica de implantación de drogas a jóvenes.
Todos los testimonios coincidieron con el mismo método de operación y con las mismas tarifas.
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