A pocos días
de la juramentación del nuevo gobierno, me dirijo al país para reiterar el
compromiso, que anunciamos el 22 de mayo, de que trabajaremos junto al pueblo
para hacer realidad sus aspiraciones por mejores condiciones de vida y por el
rescate y fortalecimiento de las instituciones democráticas de la nación.
En ocasión de
finalizar el mandato del actual gobierno y el ascenso al poder de un nuevo
presidente, fruto de un proceso electoral altamente cuestionable, le hablo al país,
en nombre de más de dos millones de dominicanos y dominicanas, que votaron a
favor de nosotros y de las propuestas que hicimos a nombre del Partido
Revolucionario Dominicano y los partidos aliados.
Permítanme
expresarles una vez más mi gratitud a las mujeres, hombres y jóvenes, dentro y
fuera del país, que desafiaron la feroz campaña de mentiras y diatribas
financiada con recursos del Estado y respaldaron con entusiasmo y valentía la
esperanza de cambio que representaba nuestra candidatura.
El gobierno
que termina deja a nuestra sociedad sumida en un profundo deterioro económico,
moral e institucional, producto del ejercicio irresponsable del presidente
Leonel Fernández y de la complicidad con que permitió que la corrupción
infectara todos los niveles de su gobierno.
Nunca antes
en la vida democrática de nuestra nación, un gobierno había sido tan descarado
en el uso de los recursos públicos, para el beneficio particular de
funcionarios y dirigentes del partido gobernante.
Tampoco
ningún gobierno había mantenido la masiva y costosa campaña mediática, que
durante estos ocho años ha sostenido Leonel Fernández, tratando de vender la
imagen de un presidente que trabaja a favor del bien común.
Se ha
pretendido convencer al pueblo de que su legado lo convierte en un Mesías, que
busca perpetuarse en la dirección del Estado como garante de la tierra
prometida.
Pero la
herencia que Leonel Fernández deja al país, es muy distinta al paraíso que
dibuja la engañosa y delirante maquinaria de propaganda que le acompaña y que
ha costado a la sociedad más de 48 mil millones de pesos durante los 8 años de
gobierno peledeista.
Lo cierto y
doloroso es que durante el gobierno que finaliza, no se ha resuelto ni un solo
de los problemas estructurales de nuestro país, a pesar de ser el gobierno que
más recursos económicos ha manejado en toda la historia de la República.
Al contrario,
una buena parte de esos problemas se han agudizado y podrían agravarse si
permitimos que el país continúe el rumbo que lleva.
A Leonel
Fernández le faltó voluntad política para aplicar el 4% del PIB a la Educación
y permitió que la enseñanza pública cayera a uno de los tres últimos lugares en
el mundo, según el informe del Foro Económico Mundial del 2011.
El desempleo
fue otro de los renglones que aumentó durante el gobierno que concluye, lo que
se tradujo en un mayor nivel de pobreza para el pueblo dominicano. Sólo en las
zonas francas textiles se perdieron más de 90 mil empleos.
Según afirma
el Foro Económico Mundial la competitividad del país cayó del lugar 64 al 110
de un total de 142 países evaluados.
Esto ha
repercutido en el estancamiento de nuestras exportaciones y en el aumento desmesurado
de las importaciones, que ya sobrepasan los 18 mil millones de dólares.
Como señalan
los empresarios, el fracaso del gobierno en el manejo del sistema eléctrico es
una de las principales causas de la baja competitividad de los sectores productivos.
El gobierno
del PLD deja una deuda con los generadores superior a los 800 millones de
dólares y una carga al Estado que supera los mil millones de dólares anuales de
subsidio, aunque la tarifa fue aumentada en más de un 33 porciento.
Ahora los
apagones son más frecuentes e interminables y los dominicanos pagamos la
energía eléctrica más cara de la región.
El
endeudamiento público, que alcanza niveles verdaderamente alarmantes, también
es parte fundamental del legado funesto que nos deja Leonel Fernández.
Su gobierno
deja una deuda pública superior a los 25 mil millones de dólares, equivalente a
la astronómica suma de 980 mil millones de pesos, monto que representa más de
dos veces el presupuesto anual de la Nación.
Ese monto es
tres veces la deuda acumulada por el país desde su fundación en 1844, hasta el
año 2004.
Lo peor de
todo, es que esos recursos no fueron invertidos en la educación ni en la
infraestructura productiva del país, sino que fueron usados para financiar los
caprichos del Presidente de la República, sin tener en cuenta las necesidades
de la gente y sus comunidades.
Una parte
sustancial de esos recursos ha ido a parar a los bolsillos de muchos de los
funcionarios del gobierno y dirigentes del PLD, como se demostró con el caso de
los 130 millones de dólares del préstamo con la Sun Land, sin que nadie haya
sido sometido a la acción de la justicia.
Indigna saber
que el pueblo tendrá que pagar esas deudas.
Con justa
razón, la organización Transparencia Internacional sitúa a la República
Dominicana como uno de los tres países más corruptos del mundo. Ese también es
un legado, pero un legado funesto de Leonel Fernández.
Donde el
Presidente Fernández deja su estampa más triste, es en la creciente e irritante
desigualdad social que padece la sociedad dominicana.
Es un hecho
comprobado y a la vista de todos, que la desigualdad y la exclusión social, se
han agudizado en estos últimos ocho años.
En efecto, en
el 2011 el 20% más rico de la población concentraba el 56% del ingreso
nacional, mientras que el 20% más pobre apenas recibía el 4%.
La periodista
de investigación, Minerva Isa, en una publicación reciente señala que en
nuestro país sólo el 6% de la población disfruta de un bienestar económico
similar al de los países desarrollados, mientras el resto de la población vive
en condiciones de precariedad similar a las de los países más pobres del
hemisferio.
También, la
prestigiosa Corporación Latino Barómetro indica que el 34% de la juventud
dominicana ni estudia ni trabaja, cuando este mismo parámetro es de 15% en
Sudamérica.
La situación
que evidencian estos indicadores pone de manifiesto la obligación ineludible
del próximo gobierno de enfrentar con políticas públicas acertadas, el drama de
la desigualdad que constituye una amenaza para la paz social.
El estado de
inseguridad que se vive en todo el país es otra de las calamidades que nos deja
el Presidente Leonel Fernández.
Esto lo
comprueba el informe del Foro Económico Mundial que califica a República
Dominicana como el país de América Latina que ha experimentado el mayor aumento
en el crimen y la inseguridad ciudadana.
La quiebra
del sector agropecuario es otro de los mayores fracasos que deja como herencia
el gobierno saliente.
La falta de
atención a la agricultura y el abandono de la asistencia técnica y el
financiamiento al pequeño productor, ha convertido al campo dominicano en el
escenario de mayor pobreza del país.
El gobierno
de Leonel Fernández quebró a los productores agropecuarios a quienes les adeuda
la suma de 6 mil 617 millones de pesos.
Sólo a los
arroceros, les adeuda mil 250 millones de pesos por concepto de
pignoración.
La producción
de pollo, leche y cerdo está expuesta a un peligroso descalabro, debido a la
irresponsable importación de estos bienes, permitida y estimulada por la
administración saliente, así como por la falta de una política de apoyo a la
siembra de granos para la industria pecuaria.
El Presidente
Leonel Fernández prefirió favorecer a un pequeño grupo de privilegiados, a
quienes las importaciones les generan colosales comisiones, sin importarle que
las mismas destruyan el aparato productivo nacional.
Esta realidad
se evidencia en el hecho de que en el año 2004 la importación de alimentos fue
de 460 millones de dólares, mientras esas mismas importaciones aumentaron a mil
200 millones de dólares en el 2011, para un incremento de 257 porciento.
La privatización
de las empresas públicas constituye otra herencia dolorosa de las
administraciones del Partido de la Liberación Dominicana.
Este proceso
ha significado la pérdida de miles de empleos, el abandono de importantes
recursos productivos generadores de riquezas y el creciente impacto fiscal,
como ha sucedido con el sector eléctrico.
Sólo con la
destrucción de la industria azucarera estatal, el país perdió más de 50 mil
empleos directos y 150 mil indirectos. Esto ha sumido en la pobreza a amplios segmentos poblacionales que
dependían de la industria cañera.
En el plano
institucional, la huella de Leonel Fernández no puede ser más siniestra.
En efecto, la
concentración de todos los poderes públicos que se ha agenciado el Presidente
de la República, es una verdadera amenaza al equilibrio y al control que
requiere el buen funcionamiento de una genuina democracia política y social,
única garantía del ejercicio plural de los derechos y deberes ciudadanos.
Hoy, las
instituciones del sistema judicial son más débiles porque están sujetas a la
voluntad del Poder Ejecutivo. Hoy, no podemos hablar de un verdadero Estado
Social de Derecho.
Es penoso ver
cómo la mayoría de los responsables de aplicar la Constitución, los códigos y
las leyes, las interpretan de acuerdo a las instrucciones y conveniencia de
aquel a quien consideran su dueño.
La
degradación política promovida por Leonel Fernández mediante el uso de los
fondos públicos, para comprar conciencias, voluntades y votos, es parte de la
triste herencia que nos deja el gobierno que termina.
Es un hecho documentado que el gobierno del PLD, con el
silencio cómplice de la Junta Central Electoral, utilizó más de 60 mil millones
de pesos de los fondos públicos, en el proceso electoral recién pasado, para
financiar toda clase de abusos y componendas, para impedir que la voluntad del
pueblo se hiciera realidad en las urnas.
Los
señalamientos anteriores evidencian que el país tiene retos tan cruciales, que
para el gobierno enfrentarlos con éxito necesita, más que nunca, de la
concertación con las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales.
Una
concertación basada en el respeto a la vida interna de las organizaciones, y un
compromiso a partir de una agenda que contemple la solución de los principales
problemas de la nación.
Quiero
expresarle con toda claridad al presidente Danilo Medina que la actitud que
asumiremos frente a su gobierno, dependerá más que de las palabras, de
los hechos de su gestión.
Estamos conscientes que el país no resiste que el nuevo
gobierno continúe la carrera irresponsable de gastos extravagantes, propios de
las administraciones del PLD.
Es tiempo de
austeridad. Y voy a decirlo bien claro: nosotros no apoyaremos
ninguna reforma tributaria que perjudique a la población, ni a los sectores
productivos.
Nos
mantendremos vigilantes para impedir que sea el pueblo quien pague el desastre
financiero creado por el gobierno saliente, que en lo que va de año acumuló un
déficit fiscal de 78 mil 270 millones de
pesos.
Nuestros
economistas proyectan que para finales de diciembre, este déficit se situará en
118 mil millones de pesos, lo que tendrá graves consecuencias para las familias
dominicanas.
El contacto
directo que tuvimos con los sectores nacionales, en busca de la Presidencia de
la República, lo retomaremos a partir de los próximos días para trabajar junto
a la sociedad organizada, y procurar que el gobierno cumpla con su deber de
solucionar los problemas que afectan a la mayoría del pueblo.
Seremos
porta-estandarte de las demandas de la sociedad. Allí donde la gente lucha y se
esfuerza por mejores condiciones de vida, allí estaremos presentes.
El deber de
cada perredeista, es trabajar para que el Partido Revolucionario Dominicano
siga siendo la voz fuerte, democrática y comprometida con la libertad, la
justicia social y el fortalecimiento de las instituciones.
Los hombres y
mujeres que amamos nuestro Partido no permitiremos que la voz del PRD sea
silenciada, como buscan aquellos que pretenden sembrar la desesperanza y
desmoralizar a nuestra organización para ponerla al servicio de particulares
intereses.
Ningún
perredeista debe prestarse a hacer negocios con la política y mucho menos a
hacerle el juego al gobierno.
Somos
conscientes, que sólo el trabajo, el apego a los principios, la disciplina y el
respeto a los méritos de los compañeros y compañeras, garantizan la unidad y la
fuerza que se necesita para alcanzar el poder, y desde el poder construir la
democracia social y establecer en el país un verdadero Estado Social de
Derecho.
Los
perredeistas tenemos que fortalecer los organismos de nuestro Partido y abrir
la organización a todas las personas interesadas en participar en política.
En el PRD no debe haber lugar para el autoritarismo, ni
para el irrespeto a los estatutos.
Con ese
espíritu, debemos encaminarnos desde ya, hacia la convención del año próximo,
como mandan nuestros Estatutos.
Este será el
mejor tributo que podemos rendir a la memoria de nuestro líder de siempre José
Francisco Peña Gómez.
La
construcción de una verdadera democracia, es aún una tarea pendiente en nuestra
sociedad, a la cual quiero referirme.
En las
elecciones pasadas, el gobierno cometió graves y serias irregularidades que
demuestran la fragilidad de nuestro sistema político.
En ese
proceso se vulneró el derecho fundamental de elegir y ser elegido en
condiciones de igualdad.
Nuestra
sociedad no puede permitir que se repitan en unas elecciones el abuso de poder,
la compra de conciencias, la violación de los derechos ciudadanos, la
participación activa de militares, policías y miembros del Ministerio Público,
que todos vimos el pasado 20 de mayo.
Estamos
decididos a impulsar acciones y políticas públicas que fortalezcan el ejercicio
democrático y contribuyan a erradicar, de una vez y por siempre, esas malas
prácticas.
Consecuentemente,
invitamos a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a la sociedad
civil y a los ciudadanos independientes, a trabajar juntos por la aprobación de
una Ley Electoral, así como una Ley de Partidos Políticos y una Ley de
Garantías Electorales que sean fruto de la concertación.
Presidente
Danilo Medina, tenemos un compromiso con el país, por lo que siempre estaremos
dispuestos a ofrecerle nuestro concurso en aquellas acciones dirigidas a
beneficiar a las grandes mayorías.
En ese
sentido, el país espera que a partir del 16 de agosto su gobierno impulse, entre otras, las siguientes
acciones:
Honrar el
compromiso del 4% a la Educación, que firmamos bajo los auspicios de la
Sociedad Civil.
Apoyar
los sectores productivos, especialmente el sector agropecuario, el industrial, el turístico, las micro, pequeña
y mediana empresas, la metalmecánica, la minería y las exportaciones.
Ejecutar
políticas que promuevan la generación de empleos, especialmente, para los
jóvenes y las mujeres, así como la reducción del alto costo de la vida.
Sanear y
consolidar el Sistema Dominicano de Seguridad Social para que ninguna persona
carezca de la justa protección del Estado.
Perseguir y
castigar de manera eficiente la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción.
Garantizar la
seguridad ciudadana.
Enfrentar el
grave problema de la energía eléctrica.
Distribuir
equitativamente la inversión pública con criterios regionales y sectoriales.
Y, promover
la aprobación de las leyes Electoral, de Partidos Políticos y de Garantías
Electorales.
Pueblo
dominicano, estoy convencido que para superar los grandes desafíos de nuestra
sociedad, es imperativo que el nuevo gobierno sea capaz de dar ejemplo de
trabajo, austeridad, transparencia y comedimiento en la conducción de los
asuntos públicos.
Pido a Dios
Todopoderoso que ilumine y bendiga a nuestro pueblo.
Muchas gracias
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