Diputados aprueban Ley de Salarios

El Ministerio de Administración Pública (MAP) saludó esta tarde la aprobación definitiva de la Ley General de Salarios para el Sector Público por parte de la Cámara de Diputados, que rechazó en su totalidad las observaciones con las que el Poder Ejecutivo devolvió la pieza legislativa al Congreso Nacional en agosto del pasado año

De acuerdo a un comunicado, el titular del MAP, Ramón Ventura Camejo, destacó que esa legislación “va a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia en la Administración Pública en el país”, al tiempo que recordó que la ley de regulación salarial del Estado dominicano se corresponde con un mandato expreso contenido en el artículo 144 de la Constitución.

“Ahora que tenemos la ley, inmediatamente el Ministerio de Administración Pública comenzará a trabajar en la reglamentación y en las herramientas teóricas y metodológicas para la aplicación de la legislación, que no se limita a  los salarios de los altos directivos públicos, sino que abarcará a todos los servidores públicos, partiendo con el procedimiento de describir los cargos, valorarlos, establecer sus competencias, ver los perfiles y fijar una escala salarial para todo el sector público”, manifestó.

El funcionario reiteró que la ley es respetuosa del grado de independencia de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los entes y órganos constitucionales (como es el caso de la Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas, Banco Central, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral), toda vez que las compensaciones de sus servidores sean establecidas directamente por sus respectivos órganos superiores, sin injerencia del Poder Ejecutivo, pero sí con la obligación de respetar los principios, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para el sector público.

Ventura Camejo subrayó que el propósito de la Ley de Regulación Salarial es estandarizar para todas las instituciones estatales los componentes del sistema retributivo, así como el régimen de incompatibilidades y prohibiciones asociadas a dicho sistema para alcanzar una remuneración del sector público justa y equitativa, que sirva de estímulo a los servidores públicos y que esté sustentada en el rendimiento y productividad de estos.

También indicó que uno de los puntos que enfrenta la ley es el de inequidad, que resulta en que los sectores más bajos del sector público reciben muy baja remuneración en comparación con la función que desempeñan

Fuente:Hoy